Sábado, Diciembre 07, 2019

Política de Estado


Domingo, 14 Julio 2019 10:11

¿Se está extinguiendo el principio de legalidad en la Iglesia?

Si el papa Francisco fuera acusado de un crimen por un juez cualquiera, de cualquier parte del mundo, debería despojarse de su cargo de Sumo Pontífice de la Iglesia católica y someterse al juicio de un tribunal. Esta es la consecuencia lógica y necesaria de la clamorosa decisión con la que la Santa Sede ha privado de la inmunidad diplomática al nuncio apostólico en Francia, mons. Luigi Ventura, acusado de abusos sexuales. La Santa Sede podría expulsar al nuncio de su cargo y, en espera de que la justicia francesa siguiera su curso, empezar una investigación canónica al respecto, también para su garantía. Pero la decisión de entregar al representante pontificio en manos de un tribunal laico hace saltar la institución de la inmunidad diplomática, expresión, por excelencia, de la soberanía de la Iglesia y de su libertad e independencia. Es la misma inmunidad diplomática, lo decimos como inciso, que fue invocada para proteger los delitos cometidos en Italia por el limosnero del papa Francisco, el cardenal Konrad Krajewski.

Lo que sucede forma parte del cuadro de una preocupante eliminación de todo principio de legalidad dentro de la Iglesia. El derecho es inherente a la Iglesia, tiene una dimensión carismática y una dimensión jurídica, inseparables entre ellas, como lo son el alma y el cuerpo. La dimensión jurídica de la Iglesia, sin embargo, está subordinada a su fin sobrenatural y está al servicio de la Verdad. Si la Iglesia pierde de vista su fin sobrenatural, se convierte en una estructura de poder y la fuerza de la función eclesial prevalece sobre lo que es verdad y justo. Esta concepción «funcionalista» de la Iglesia ha sido denunciada por el cardenal Gerhard Ludwig Müller en una reciente entrevista concedida a Edward Pentin en el National Catholic Reporter. El cardenal Müller ha afirmado que la denominada reforma de la Curia de la que se discute desde hace meses corre el riesgo de transformar a la Curia en una institución en la que todo el poder está centrado en la Secretaría de Estado, desautorizando al colegio cardenalicio y a las congregaciones competentes: «Están convirtiendo a la institución de la Curia en una mera burocracia, en puro funcionalismo y no en una institución eclesiástica».

Una expresión de este funcionalismo es el uso instrumental del derecho canónico, para sancionar a institutos religiosos y a sacerdotes que no están dispuestos a alinearse con el nuevo paradigma del papa Francisco. En el caso de las comunidades religiosas, la intervención represiva se produce en general a través de la intervención de la comunidad, a lo que sigue un decreto de suspensión o de total reforma del instituto religioso, sin dar una adecuada motivación, a menudo expresada en la llamada «forma específica», es decir, con la aprobación pontificia, sin posibilidad de recurrir. Este procedimiento, cada vez más difundido, desde luego no contribuye a calmar los ánimos dentro de una situación eclesial atravesada por fuertes tensiones. Incluso admitiendo que hay deficiencias humanas en algunas comunidades religiosas, ¿no sería mejor corregirlas en lugar de destruirlas? ¿Qué les pasará a los jóvenes sacerdotes y seminaristas que han decidido dedicar su vida a la Iglesia y son privados de su carisma de referencia? ¿Qué misericordia se demuestra hacia ellos? En este sentido, el caso de los Franciscanos de la Inmaculada ha creado escuela.

En el caso de los sacerdotes, el equivalente de la supresión es la exclusión del estado jurídico clerical, es decir, la llamada reducción al estado laical. No hay que confundir el estado clerical, que se refiere a una condición jurídica, con la orden sagrada, que indica una condición sacramental e imprime en el alma del sacerdote un carácter indeleble. La pérdida del estado clerical es un procedimiento problemático, sobre todo en lo que atañe a los obispos, sucesores de los apóstoles. Muchos obispos, a lo largo de la historia, han caído en pecados gravísimos, cismas y herejías. A menudo la Iglesia los ha excomulgado, pero casi nunca los ha reducido al estado laical, precisamente a causa del carácter indeleble de su consagración episcopal. Hoy, en cambio, se procede con gran facilidad a la reducción al estado laical, muchas veces ni siquiera mediante un proceso judicial, sino utilizando el proceso penal administrativo introducido por el nuevo código de 1983. En el proceso administrativo hay un único grado de juicio, los poderes discrecionales de los jueces son muy amplios y el imputado, al que a veces no se le concede ni siquiera tener un abogado defensor, está privado de los derechos que le atribuye el proceso judicial. El prefecto de la congregación competente tiene además la posibilidad, como en el caso de la disolución de un instituto, de pedir una aprobación papal de forma específica, lo que hace imposible cualquier tipo de recurso.

La consecuencia es una praxis justicialista por parte de la institución más garantista de la historia, olvidando las palabras que Pío XII dirigió a los juristas: «La función del derecho, su dignidad y el sentimiento de equidad, natural al hombre, piden que, desde el principio hasta el fin, la acción punitiva se base no en lo arbitrario y en la pasión, sino en reglas jurídicas claras y firmes. […] Si es imposible el establecer la culpabilidad con certeza moral, entonces se atendrá al principio: «in dubio standum est pro reo»» (Discurso del 3 de octubre de 1953 a los participantes en el Congreso internacional de Derecho penal; se puede leer el texto íntegro en español en: http://w2.vatican.va/content/pius-xii/es/speeches/1953/documents/hf_p-xii_spe_19531003_diritto-penale.html).

A diferencia de la excomunión, que se refiere a la idea de verdades absolutas defendidas por la Iglesia, el mundo comprende más fácilmente la reducción al estado laical, pues concibe a la Iglesia como una empresa que puede «despedir» a sus empleados, incluso sin una razón justa. Esta concepción funcionalista de la autoridad deja sin efecto la dimensión penitencial de la Iglesia. Imponiendo la oración y la penitencia a los culpables, la Iglesia demostraba preocuparse, ante todo, por sus almas. Hoy, para complacer al mundo, que exige castigos ejemplares, se pierde el interés por el alma de los culpables, que son mandados a su casa sin que la Iglesia se ocupe ya más de ellos. En un artículo publicado en el Corriere della Sera el 11 de abril de 2019, Benedicto XVI ha afirmado que la causa del colapso moral de la Iglesia se debe al «garantismo». En los años posteriores al 68, también en la Iglesia «se debían garantizar los derechos de los acusados, hasta el punto de excluir una condena». El problema, en realidad, no ha sido el de un exceso de garantía para los acusados, sino un exceso de tolerancia hacia sus crímenes, algunos de los cuales, como la homosexualidad, han dejado de ser considerados tales desde los años del Concilio Vaticano II, anterior a la Revolución del 68. Fue en los años del Concilio y del posconcilio cuando en los seminarios, las facultades y las universidades católicas penetró una cultura relativista en la que la homosexualidad era considerada moralmente irrelevante y pacíficamente tolerada. Benedicto XVI, que ha pedido «tolerancia cero» con la pedofilia, nunca invocó «tolerancia cero» con la homosexualidad, doblegándose, como su sucesor, a las leyes del mundo.

En las últimas semanas han aparecido nuevas revelaciones del arzobispo Carlo Maria Viganò sobre los crímenes contra la moral cometidos por el arzobispo Edgar Peña Parra, elegido por el papa Francisco como sustituto en la Secretaría de Estado. ¿Por qué las autoridades eclesiales, que estaban al corriente desde hace años de estas acusaciones, no han iniciado nunca una investigación, como tampoco las han iniciado para los crímenes cometidos dentro del pre-seminario Pío X, que forma a los monaguillos que participan en las ceremonias papales en la Basílica de San Pedro? Las autoridades tienen el deber de iniciar una investigación: es un deber irrenunciable, sobre todo después de que las palabras del valiente arzobispo hayan resonado en el mundo entero.

Hay otra pregunta que espera una respuesta. El cardenal George Pell está en aislamiento en la cárcel de máxima seguridad de Melbourne desde el pasado mes de marzo, a la espera de un nuevo juicio, tras haber sido condenado en primer grado. ¿Por qué las autoridades eclesiales le privan de un proceso canónico que establezca su culpabilidad o inocencia ante la Iglesia, no ante el mundo? Es escandaloso que el cardenal Pell esté en la cárcel y la Iglesia calle, esperando el juicio del mundo y negándose a emitir un juicio propio, aunque sea opuesto al del mundo.

¿De qué tiene miedo la Iglesia? ¿No vino Jesucristo para vencer al mundo? El derecho, que debería ser instrumento de verdad, se ha convertido en instrumento de poder por parte de quienes gobiernan hoy en día la Iglesia. Pero una Iglesia en la que se extingue el principio de legalidad es una Iglesia sin Verdad, y una Iglesia sin Verdad deja de ser Iglesia.

 

11 comentarios en “¿Se está extinguiendo el principio de legalidad en la Iglesia?
  1. Desidereo

    «Si el papa Francisco fuera acusado de un crimen por un juez»

    Ostras. ¡Pues claro! ¡Así debe ser!

    ¿O acaso si el papa Francisco, o cualquier otro papa, viola a un menor, no debe ser detenido y juzgado y condenado como cualquier otro ser humano?

    Esa inmunidad diplomática no debe existir. Y quitársela a ese cardenal, y ponerlo en manos de la justicia es LO QUE SE DEBE HACER.

    Si se hubiera hecho ANTES no estaríamos donde estamos ahora.

  2. Rafa

    Lo siento pero no llevan razón. En primer lugar la inmunidad no tiene nada q ver con el principio de legalidad. La inmunidad se deriva como lógica consecuencia de la soberanía, en Derecho Internacional Público sólo los Estados y algunas organizaciones internacionales, por cesiones parciales de los Estados, son titulares de soberanía. Dentro de aquella se encuentra la potestad jurisdiccional… Sus límites vienen dados x la jurisdicción de otros Estados. Los delitos pueden investigarse y juzgarse por el Pr. de Territo, donde se ha cometido el delito. El Vaticano facilita la investigación, retirando la inmunidad x actos privados de sus súbditos en territorio extranjero… Cual es el problema? Ninguno.. Se acabó la impunidad para cometer delitos, ahora toca someterse a investigación y, en su caso, juicio… Como cualquier ciudadano.

    1. Rafa

      Y la inmunidad es una excepción al principio de legalidad.

    2. Juan Caballero

      ¿Usted cree que si al Presidente Trump lo acusan de algo en otro país, o un Ministro de Estado un embajador americano, que lo van a entregar a un juez de ese país? DE NINGUNÍSIMA MANERA. El Vaticano es un Estado en derecho internacional y tiene un sistema de justicia soberano llamado Derecho Canónico que es anterior o más antiguo que el sistema legal de cualquier país occidental. Lo que se debía de hacer en el caso del Cardenal Pell, de Nuncio en Francia es abrir una investigación canónica y si se descubriera indicios con pruebas de delito, proceder a un juicio canónico. Si no. Simplemente el Cardenal Pell debía de haberse quedado en el Vaticano y el Nuncio también, en el caso de no encontrar indicios de delincuencia.

      Estos comentarios en Internet permiten a cualquier pelagatos que no tiene la más mínima idea ni ha estudiado un tema a comentar, por lo cual sus comentarios no sirve para nada más que manifestar su ignorancia.

  3. Belzunegui

    Francisco ha elevado la arbitrariedad a rango de categoría. Ya no estamos ante despotismo ilustrado, sino ante despotismo no ilustrado, estúpido, de encefalograma plano, aunque al servicio del poliedro relativista de las religiones. Esa arbitrariedad acabará volviéndose contra el déspota, sostenido por los poderes globalistas para deshacer la Iglesia.

    1. Rafa

      Arbitrariedad ninguna…. En international publico se distingue entre los actos privados y actos derivados de la soberanía. La inmunidad no comprende los actos privados…. Los delitos son actos privados, cuando alguien roba, viola, mata… No actúa en ejercicio de la soberanía. Francisco y/o El Vaticano, con muy buen criterio, facilitan la investigación retirando explícitamente la inmunidad… Si este Sr. tiene la conciencia tranquila no tiene nada q tener, ahora bien, si es culpable… Se acabó abusar de la soberanía Vaticana para lograr la impunidad de delitos en territorio extranjero y contra súbditos extranjeros.

  4. Uldar

    Como se mezclan conceptos absolutamente distintos e independientes unos de otros para crear demagogia
    En opinión de muchos el Estado Vaticano no debería existir y todos sus ciudadanos deberían estar sometidos a la autoridad del estado italiano
    Y los católicos del mundo sometidos a la autoridad De la Iglesia , autoridad moral.
    Así de sencillo

  5. Amalia

    Tremendo artículo (es decir tremendo asunto, perfectamente analizado). Con pena y horror, lo suscribo plenamente

  6. Guillermo PF

    Politiqueo. ¡POLITIQUEO! En eso habéis convertido «la casa de mi Padre», si es que no lleva desde siempre así. Politiqueo puro y duro ya fue lo de Antioquía, en los Gálatas. Politiqueo, prepotencias y caprichitos.

    1. Lector

      No todo va a tener que ser «pollitiqueo»…

  7. Uno que otro

    Quiero más Surrealiiismooo!

     

     

    14/07/19 www.infovaticana.com

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