Sábado, Diciembre 14, 2019

Política de Estado


Sábado, 03 Agosto 2013 08:47

Lucha contra el narcotráfico: exitosa experiencia en Medellín


Hacia una política de convivencia: la experiencia de
Medellín

 

Una descripción de lo que sabemos todos

La violencia urbana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de
los ciudadanos de muchos países, y su superación es el mayor de los desafíos
políticos de Colombia para las próximas décadas.

Las encuestas muestran que los ciudadanos se preocupan más por la seguridad que por otros problemas urbanos.

Ven a sus ciudades como el escenario de una interminable pesadilla, llena de
homicidios, atracos callejeros, secuestros, violaciones y una amplia gama de delitos
cometidos por una delincuencia cada vez más despiadada y segura.

Frente a la impotencia, real o no percibida, de las autoridades, los habitantes urbanos se
resignan a vivir en medio del riesgo o apelan a una creciente parafernalia de
medidas privadas de protección.

La tecnología, que los bandidos no tardan en
derrotar, se pone al servicio de sofisticados sistemas para hacer infranqueables
puertas o vehículos. Muchos se arman, contribuyendo a una interminable espiral en
la que muchos quedan pronto desbordados por los equipos cada vez más poderosos
de asesinos o secuestradores.

Empresas e individuos con recursos se apoyan en
compañías de seguridad y guardaespaldas privados, sin que nadie pueda sustraerse
a la duda sobre su lealtad y decisión.

Las autoridades públicas enfrentan estas situaciones con un amplio abanico de
políticas, casi siempre centradas en el mejoramiento de la capacidad de acción y
vigilancia de los organismos policiales. Sin embargo, y a pesar de la rutinaria
letanía que enumera semanal o mensualmente los éxitos policiales, las victorias
contra el crimen y el delito, en casi todas partes la violencia sigue creciendo.

En casi ninguna parte puede decirse que las políticas adoptadas para controlar la

violencia, medidas por la prueba de fuego del número de homicidios, de secuestros,
de atracos bancarios o de robos de vehículos (para no hablar de aquellos casos en
los que la estadística pública no merece confianza alguna, pues la desconfianza de
los ciudadanos ante la eficacia de las autoridades conduce a que las denuncias sean
cada vez menores, como ocurre con robos, atracos, violaciones y otras formas de
violencia familiar), hayan solucionado el problema.

En el clima de desespero que produce la saturación de violencia, se destruyen
rápidamente valores ciudadanos y democráticos. Las personas piden más y más
energía a las autoridades, lo que con frecuencia conduce a políticas policiales y
legales que reducen las garantías ciudadanas y debilitan el debido proceso judicial.

Como aplicación de tales medidas heroicas usualmente tampoco produce resultados
satisfactorios, domina un clima de desconfianza generalizada en las autoridades
policiales y en la justicia: las personas dejan de creer en la eficacia de normas e
institucionales legales, y buscan alternativas por fuera de la ley. Muchos aceptan

estrategias violentas de enfrentamiento al crimen y toleran que la Policía realice
operaciones de limpieza, o incluso las promueven y estimulan. Otros prefieren
organizar formas diversas de autodefensa armada que operan sin las restricciones
legales de las autoridades y recurren con frecuencia a aplicar la pena de muerte
contra delincuentes e indeseables. Frente al delito, todas las estrategias empiezan a
aparecer como válidas.

Ante la evidencia de que los delincuentes detenidos salen
de nuevo a las calles por la ineficiencia de un sistema judicial desbordado con el
incremento de los hechos que debe investigar y sancionar, parece siempre
preferible que el delincuente muera, en forma al parecer lícita, en enfrentamientos
armados con la Policía –pero en los cuales se espera que no quede ninguna “rata”
viva-, o como víctima de grupos clandestinos de justicia privada.

La tolerancia frente a la tortura o frente a otras violaciones a los derechos humanos crece y
quienes insisten en los derechos de los delincuentes aparecen como “idiotas útiles” 2
o como personas insensibles que por defender el derecho del malhechor están
dispuestos a sacrificar a los ciudadanos buenos y pacíficos.

Este contexto de desligitimación de la norma hace que buena parte de los
ciudadanos, sin dejar de considerarse a sí mismos como honrados, apelen a
procedimientos ilegales para defenderse de situaciones que salen de su control.

Frente a los reiterados robos, son muchos los que compran sus repuestos o sus
radios en los sitios donde se comercia con el producto del delito. Canales informales
e ilegales permiten recuperar lo perdido, pagar un rescate, tomar venganza de un
agravio. Las reglas públicas naufragan en medio de los arreglos privados, las
normas dejan de aplicarse pero, como lo han mostrado dos décadas casi de este
proceso, la violencia sigue en aumento.

Medellín: la ciudad más violenta del mundo.

NECROPSIAS POR HOMICIDIO

No incluye los accidentes de tránsito
Año Número de Tasas/100 mil
Asesinados habitantes

 

1980 713 53.6%
1981 959 70.6%
1982 954 68.8%
1983 924 65.2%
1984 1207 83.3%
1985 1714 115.8%
1986 2066 136.7%
1987 2417 156.5%
1988 3367 213.4%
1989 4099 254.2%
1990 5413 335.2%
1991 6313 383.3%
1992 5747 [346]
1993 5406 318.7%

Durante la década de 1980, o sobre todo a partir de 1985, varios de los fenómenos
descritos en los párrafos anteriores se presentaron con insólito vigor en Medellín.

Las tasas de homicidio que eran ya elevadas hacia 1980 (53.6), crecieron en forma
dramática hasta 1991, cuando se acercaron a 400 muertes por cada 100 mil
habitantes, de donde empezaron a descender nuevamente: en 1993 fueron de 315
muertes por 100 mil.

Paralelamente se presentó un fuerte incremento en los secuestros económicos, y
aumentó toda la gama de delitos contra la propiedad, ante todo robo de vehículos y
atracos armados a establecimientos bancarios.

En Medellín eran evidentes, a veces con especial virulencia, fenómenos que son
similares a los que promueven la violencia en otras ciudades de los países en
desarrollo. La ciudad creció en forma acelerada en los últimos 60 años, y este
crecimiento le trajo una población nueva que no logra un acceso rápido y razonable
a los servicios indispensables en la vida urbana. 

Muchos de los lugares en los que se estableció la mayoría de la población que llegó
después de 1950 fueron barrios ilegales apoyados en invasiones y ocupaciones de
hecho. Crecieron en medio de conflictos y enfrentamientos con las autoridades que
quedaron identificadas no con la protección de sus habitantes sino con el desalojo y
la destrucción de las precarias viviendas. En estos barrios, desarrollados sin
ninguna planeación, en sitios de riesgo geológico, sin adecuado equipamiento
social, sin espacios públicos ni lugares de encuentro social, adultos y jóvenes
enfrentaban un horizonte de posibilidades muy reducido. La mayoría de estos
últimos no tenía acceso a los niveles de educación que la vida urbana requiere para
ejercer de manera adecuada la ciudadanía o dar entrada al mercado laboral formal.

A raíz de las dificultades enfrentadas por la industria para adaptarse a las nuevas
condiciones de los mercados nacionales e internacionales, la ciudad ha vivido
durante 20 años una tasa de desempleo superior a la del resto de las grandes
ciudades colombianas. Tasas de desempleo entre el 12 y el 16% para el conjunto
de la fuerza de trabajo, del 20 al 25% para los habitantes de los barrios populares
de la ciudad, y cercanas al 30% para los jóvenes de esos barrios, fueron habituales
durante toda la década pasada. Esta carencia de oportunidades para los jóvenes,
esta situación de No-Futuro, para recordar el nombre de la película que mejor
describió la vida de estos nuevos “olvidados”, produce habitualmente formas de
organización juvenil que bordean la delincuencia y con frecuencia desembocan en
ella. Entre decenas de miles de jóvenes que pasan tres o cuatro años de su vida sin
un empleo formal y sin ir a la escuela, es natural que muchos de ellos encuentren
en la delincuencia una salida aceptable.

Pero lo que dio particular gravedad a la situación de Medellín fue el impacto del
narcotráfico sobre diversos aspectos de la vida de la ciudad. A partir de 1978 o
1979 se fue consolidando el poder de tres o cuatro grandes grupos, encabezados
por Pablo Escobar, sobre el tráfico de drogas. Este control se apoyó en el ejercicio
sin restricciones de la violencia. Además, Escobar estaba decidido a impedir por
cualquier medio los obstáculos, legales o policiales, a su actividad. Para ello formó
un verdadero ejército privado, y recurrió con mucha frecuencia a contratos de
servicios con diversos grupos. Grandes bandas se constituyeron para trabajar para
los narcotraficantes y otros grupos, listas a efectuar trabajos por iniciativa propia o
por contrato, y por lo general mejor armadas que las muy pobres fuerzas estatales.

La violencia producida por estas bandas generó una lógica inercial y con tendencia
al crecimiento, tanto cuantitativo como cualitativo. Por una parte, los miembros de
las bandas exitosas se convirtieron en el modelo de una alternativa de vida
triunfante, que permitía en pocos meses pasar de la pobreza a la opulencia y a la
posesión de vehículos, apartamentos y otros signos de reconocimiento social y
emocional.

En muchos barrios se formaron bandas de adolescentes, hechas a
imagen de las más profesionales creadas por los traficantes de drogas. La
existencia de estas bandas y los niveles de agresión que generaban producían a su
vez en otros sectores la necesidad de armarse, para protegerse o para anticipar el
crecimiento del poder del otro.

Al papel del narcotráfico se añadió el impacto de los grupos guerrilleros, que, tras
las negociaciones con el Gobierno en 1983/84, crearon “campamentos urbanos” en
los que se dio formación política pero sobre todo entrenamiento militar a grupos de
adolescentes que pudieran servir de apoyo urbano en caso de un eventual
levantamiento general.

La ruptura de las negociaciones en 1985 dejó a estos
grupos sin una conducción política, y en medio de un ambiente de violencia
promovido por el narcotráfico. Algunos de sus miembros se fueron a la guerrilla,
mientras otros reforzaban las organizaciones de delincuentes. Posteriormente, bajo
la guía de quienes conservaban un lenguaje político –quizás cada vez menos
revolucionario y más comunitario- comenzó un proceso reorganizativo, sobre todo a 4
partir de 1988, de grupos de defensa de los barrios, quienes con el nombre de
“milicias populares”, empezaron a suplantar los ineficaces o ausentes organismos
de seguridad estatales y a ejercer un violento control de los barrios centrado en la
muerte o el destierro de los delincuentes y apoyado en la cooperación voluntaria o
forzada de los habitantes de la comunidad.

Frente a todos estos grupos actuaba un Estado sin respaldo, legitimidad o
reconocimiento. En las barriadas, la gran mayoría de la población veía con
hostilidad a la Policía: era la que venía a allanar en busca de mafiosos y otros
grupos armados, y capturaba a amigos y familiares en medio de operativos
relativamente violentos. En efecto, la lucha contra el narcotráfico, que tenía casi
una estructura militar, fue haciendo más drásticos y militarizados los métodos
policiales.

Ante el terrorismo de los narcotraficantes y ante el homicidio de los
agentes, miembros de la Policía apelaron a retaliaciones y a sanciones ilegales: los
casos de asesinatos de narcotraficantes, del uso de la tortura en la lucha contra los
secuestradores, de la violencia contra los grupos ligados a la guerrilla, se volvieron
más frecuentes, sobre todo entre 1980 y 1990, cuando más de 170 agentes de
policía fueron asesinados por orden del narcotráfico. A esto se añadieron
estereotipos descriminadores contra los jóvenes: toda banda, gallada, barra o
grupo juvenil se veía como presunto o posible grupo delincuencial. Pero ni siquiera
este esfuerzo policial radical tuvo resultados satisfactorios: la metodología era más
intimidante que de apoyo a la justicia y de prevención, y a pesar de que se hicieron
miles de detenidos, casi todos fueron liberados, pues la justicia no consideraba
admisibles las pruebas aportadas, con lo que se reforzaron los atractivos y ventajas
de la acción legal.

La estrategia de violencia aplicada por algunos sectores policiales fue arruinando la
credibilidad de toda la Institución y su respaldo en los sectores populares, así como
en muchos grupos políticos y empresariales. Las encuestas mostraban niveles de
credibilidad en la Justicia y la Policía que a veces descendían por debajo del 10%.

Mientras tanto, se reforzaba la simpatía con los enemigos del Estado, en particular
con narcotraficantes como Pablo Escobar, quien llegó a ser visto en forma positiva
por cerca del 50% de la población de los estratos populares.

Hacia un nuevo enfoque

En efecto, la magnitud de estos problemas requería un cambio de enfoque integral
y completo. Muchas de las fallas eran de orden nacional y necesitaban un esfuerzo
nacional: a ellas trató de enfrentarse el proceso de reforma constitucional, así como
a estrategias concretas ligadas a los derechos humanos, a la reforma y
fortalecimiento de la Justicia y a la transformación de la Policía.

Dentro de este marco, el Gobierno creó el Programa Especial para Medellín, en
el desarrollo del cual la Consejería para Medellín y la Alcaldía Local generaron –en
parte en forma coordinada y en parte como resultado de acciones relativamente
independientes pero en buena medida promovidas por un diagnóstico similar-, una
estrategia relativamente coherente de búsqueda de la convivencia en la ciudad.

Esta estrategia encontró una formulación expresa en el documento del Consejo
Nacional de Política Económica y Social (CONPES) de comienzos de 1991,
Medellín: Reencuentro con el Futuro, donde se hacia un diagnóstico que
relacionaba los problemas de violencia de Medellín al efecto coyuntural del
narcotráfico, pero también a los fenómenos estructurales de desigualdad y pobreza:

ocupación desordenada del espacio, precariedad de vivienda y carencia de espacio
público, limitaciones en la prestación de servicios sociales indispensables, falta de
oportunidades para los jóvenes, crisis industrial y alto desempleo, insuficiencias de
las políticas de seguridad y de protección de los derechos humanos. Igualmente, 5
daba especial importancia a los problemas generados por la ausencia de procesos
adecuados de participación ciudadana, por la separación y el conflicto entre el
Estado y la sociedad civil y por la crisis de los modelos éticos culturales que habían
servido para mantener el tejido social tradicional de la ciudad.

Con base en este diagnóstico, el documento definía un programa de inversión social
y movilización institucional y de la comunidad orientado a recuperar las condiciones
para la convivencia en la ciudad (Programa para la Convivencia Pacífica en
Medellín), centrado en las siguientes medidas:

1. Ampliar las oportunidades educativas mediante el aumento de los cupos, la
construcción de nuevos centros educativos, el mejoramiento de las
dotaciones básicas (talleres técnicos y vocacionales, bibliotecas,
laboratorios, etc) de los colegios de secundaria en los barrios populares.

2. Promover el empleo juvenil a través de programas de capacitación
empresarial y formación técnica breve así como de diversas formas de
empresas solidarias y familiares.

3. Mejorar el espacio urbano en los barrios marginales con un plan denominado
“Programa Integral de Mejoramiento y Desarrollo de Asentamientos
Subnormales” (PRIMED) y la construcción de los llamados Núcleos de Vida
Ciudadana, que pretendían reconstruir espacios de convivencia y encuentro
en los barrios.

4. Promover las organizaciones ciudadanas estimuladas ante todo por la
creación de un fondo para realizar proyectos de desarrollo barrial surgidos
de las comunidades, y por el impulso a procesos de diagnóstico y debate de
los problemas de los barrios, la ciudad y el Área Metropolitana.

5. Promover la organización juvenil y la mejora de las instalaciones culturales y
deportivas.

6. Generar un cambio en la identidad y las imágenes de los sectores de la
ciudad y luchar contra los estereotipos discriminatorios que definían las
llamadas comunas, en particular las de la zona nororiental, y en especial a
los jóvenes de estas áreas. Instrumento centro de ello sería un programa
semanal de televisión para promover organizaciones y actividades de barrio,
denominado Arriba Mi Barrio.

7. Fortalecer la Justicia y la seguridad pública, con base en el impulso a
procedimientos, instituciones y valores que promovieran la solución
conciliada de los conflictos entre las personas y la protección de los derechos
ciudadanos.

Este proyecto contaba con asignaciones presupuestales para cuatro años cercanas,
a precios de 1994, a los 20 mil millones de presos, y esperaba obtener recursos de
crédito externo –que efectivamente se lograron-, por otros 20 mil millones. Incluía
también como parte del Programa, acciones previstas de otros organismos
estatales por un valor total que superaba los 100 mil millones de pesos. Este
volumen de inversión social se ha hecho efectivo en buena parte, y en los dos años
iniciales del proyecto, 1990-92, representaron una parte decisiva, cercana al 50%,
de la inversión social de los organismos municipales de Medellín y el Area
Metropolitana.

Durante estos cuatro años los recursos han permitido hacer inversiones, algunas de
ellas en ejecución, en unos 60 colegios ya existentes y en 7 colegios nuevos. Más 6
de 40 bibliotecas de barrio han recibido aportes significativos que incluyen la
construcción de algunas de ellas. Cerca de 35 instalaciones deportivas han sido
edificadas o mejoradas. Se hicieron dos grandes Núcleos de Vida Ciudadana, con
áreas deportivas, sedes culturales, instalaciones educativas, guarderías, casas
juveniles, oficinas y talleres comunitarios, y se están haciendo ya los diseños
arquitectónicos para ocho núcleos de escala más reducida. En total, se han
aprobado y aportado recursos para más de 500 pequeños proyectos promovidos
por las comunidades, que han posibilitado inversiones muy variadas en áreas como
recreación, parques infantiles, guarderías, servicios de salud, mejoramiento de
escuelas, dotación de bibliotecas comunitarias, promoción de las organizaciones
juveniles, etc. Se están capacitando conciliadores en equidad en los barrios
populares y se realizan talleres de derechos humanos y de formación de dirigentes.

En este momento unos 3 mil jóvenes reciben entrenamiento como empresarios o
en áreas técnicas, y 15 casas juveniles sirven de núcleo para un número elevado de
organizaciones juveniles. Más de 100 organismos no gubernamentales han recibido
apoyo para sus programas sociales o han ejecutado, mediante contrato, algunos de
los programas anteriores

Algunos de los programas más grandes, como los que involucran recursos de
cooperación internacional, hacen hoy parte de la estructura municipal (es el caso
del PRIMED), o serán ejecutados por entidades mixtas encabezadas por el Municipio
como el Programa de Atención Integral a Jóvenes “Paisa Joven” que comenzará a
operar a mediados de 1994.

Pero más importante que las inversiones físicas o el gasto concreto ha sido el
proceso de participación ciudadana que ha generado y promovido. En efecto, la
Consejería estimuló centenares de foros de barrios y comunas, en los que se
debatieron los problemas de cada comunidad. Cada año se ha reunido, con
participación de casi un millar de representantes, el seminario “Medellín: Alternativas de Futuro”, en el que representantes juveniles, de los organismos

comunales, de las organizaciones no gubernamentales, de las universidades, el
sector empresarial y la administración pública, debaten las condiciones de la
seguridad, el medio ambiente, el empleo, la educación o los derechos humanos en
la ciudad. Las Mesas de Trabajo de este seminario se han ideo convirtiendo en foros
permanentes, que se reúnen al menos una vez al mes, para mejorar el diagnóstico
de los problemas de Medellín y hacer un ejercicio de confrontación y debate. La
Mesa de Trabajo por la Vida, que ha sido coordinada desde 1992 por la Iglesia, ha
tenido un papel central en campañas educativas por la vida, en el diálogo entre
grupos juveniles armados y en el impulso a las negociaciones entre las milicias
populares y el Gobierno.

Este clima de participación se ha reforzado con la política de la Administración
Municipal y del Concejo Municipal de realizar un amplio debate en los barrios antes
de formular el plan anual de inversiones. La comunidad ha reaccionado buscando
formas más complejas e integrales de debate, y en 1994 se están reuniendo los
representantes de unas 200 organizaciones de la zona nororiental de la ciudad,
tradicionalmente la parte más conflictiva, para diseñar el “Plan Integral de
Desarrollo Nororiental” con la esperanza de someterlo a un amplio consenso con el
Municipio.

Algunos elementos de evaluación

Han pasado un poco más de tres años desde el comienzo del Programa. Es
imposible medir exactamente su impacto, pero existen elementos cualitativos que
muestran su importancia en el proceso global de mejoría en la situación de
Medellín, y en el cual han desempeñado un papel central otros factores como la 7
exitosa gestión de las administraciones municipales o la coyuntura económica
global, que ha ampliado las oportunidades de empleo local.
No hay duda que la ciudad ha avanzado en el establecimiento de las condiciones
para recuperar realmente la paz y superar la violencia. Existen las bases para una
relación diferente entre la sociedad civil y el Estado, y para un proceso continuo
que refuerce las formas organizativas y los procesos participativos de esa sociedad
civil. Los valores de una ética de la convivencia, del respeto a la vida, de la solución
dialogada de los conflictos, han entrado al lenguaje común de los sectores
dirigentes, cultural, social o económicamente. Los pobladores de los barrios
populares, si se mantiene un nivel de inversión social un poco superior al actual, lo
que es posible, pueden enfrentar un horizonte realista que permita solucionar en
forma rápida deficiencias como la carencia de cupos escolares secundarios, la
atención preescolar, la mortalidad infantil prevenible, la desnutrición severa y la
mortalidad materna. Tal horizonte de cambios positivos, si está acompañado de
una administración municipal que haga de muchos de estos programas los
proyectos propios de los habitantes de los sectores hasta hoy excluidos, es esencial
para mantener contexto social de la convivencia
A pesar de este abanico de realizaciones, logros y perspectivas inmediatas, los
niveles de violencia de la ciudad se mantienen muy elevados, por encima del
promedio nacional y muy por encima de ciudades como Cali, Bogotá o cualquier
otra capital de departamento, para no hablar de todas las ciudades similares del
mundo. ¿Cómo entenderlo?

Quiero señalar tres elementos.

En primer lugar, todavía son muchas las limitaciones en el desarrollo de los
programas de orden social y en el compromiso de la ciudadanía con la convivencia.

Si bien se ha esbozado, aún no existe un proyecto de ciudad que permita vincular a
estos esfuerzos a sectores más amplios del empresariado, de la Iglesia, de los
grupos populares. Aunque la inversión ha sido alta, debió serlo más, y todavía es
más fácil conseguir recursos del presupuesto de cualquier nivel territorial para
reducir un nudo de tráfico que para educar a 10 mil adolescentes o rehabilitar mil
drogadictos.

En segundo lugar, los factores de violencia no desaparecen al disminuir los niveles
de insatisfacción o conflicto social, ni por el avance en las inversiones sociales. Pese
a que el conjunto de políticas desarrolladas hasta la fecha ha logrado cambiar las
tendencias e iniciar finalmente un proceso para reducir el número absoluto de
homicidios –a fortiori, de la tasa de mortalidad por homicidios-, los elementos
inerciales que mantienen condiciones y factores de solución violenta de conflicto
(aun si son más reducidos y aislados), son muy fuertes. Existen aún centenares de
grupos armados acostumbrados a enfrentar con violencia los conflictos, asiduos a la
droga y al licor, y con una estrategia de vida centrada en los ingresos del delito, y
las medidas de orden social, aunque limiten la tendencia a su crecimiento, no
tienen un impacto muy directo sobre ellas: para el delincuente relativamente
profesional, para el jalador de carros, el secuestrador o el apartamentero, el
negociante de drogas y para muchos más, el hecho de que crezcan los cupos
escolares y baje la mortalidad materna es del todo indiferente. Miles o decenas de
miles de conciudadanos están armados, y las lógicas ansiosas de quienes se sienten
amenazados o compiten por el poder siguen convirtiendo, con la ayuda de una
media de aguardiente, pequeños incidentes en tragedias sangrientas. La mayoría
de los habitantes de los barrios populares, aun si quiere la paz, se siente impotente
y amedrentada frente a los delincuentes profesionales, y no se atreve a colaborar
con procesos que puedan ponerlo en riesgo. Todavía la lógica de la acción colectiva 8
no da suficientes ventajas a la solidaridad ni la cooperación supera el
marginamiento y la quietud.

Sin duda, continuar firmemente, sin acoso y sin desfallecimientos, con una política
que siga subrayando la participación ciudadana, consolide la pedagogía de una ética
de la convivencia y el diálogo en todos los niveles de la vida, generalice
procedimientos para solucionar en forma conciliada los conflictos, cree
oportunidades básicas culturales y laborales a los sectores críticos, impulse la
organización popular y juvenil y estimule procesos que activen la cultura, el deporte
y la recreación, puede llevar, en un plazo mediano, en uno o dos lustros, a una
recuperación –gradual y lenta, pero continua- de la tranquilidad. La inversión social
y los procesos educativos para la convivencia tienen un impacto en el largo plazo:
siembran la paz, pero sobre todo, la que viviremos o no en dos o tres lustros.

Por ello, la tercera anotación: el desarrollo de estrategias concretas para prevenir y
sancionar el delito ha sido todavía muy precario, para no hablar del tratamiento y
rehabilitación de las personas vinculadas a actos violentos. Medellín tiene hoy
menos policías por habitante que en 1990, y el nivel de impunidad por los delitos
graves sigue siendo casi total: no creo que se sancionen siquiera el 5% de los
responsables de homicidios. Aunque la desarticulación de las organizaciones
terroristas del narcotráfico ha contribuido mucho a mejorar el ambiente de la
ciudad, todavía la política social y cultural de convivencia no se puede apoyar en
una estrategia eficiente dirigida a prevenir, sancionar y rehabilitar a los
delincuentes.

Para lograr resultados a corto plazo no parece que existan alternativas a una
política decidida y enérgica de mejoramiento en la forma como se cumplen las
tareas policiales para prevenir, investigar el crimen, aplicar la justicia y rehabilitar o
tratar a los delincuentes e infractores. Esto requiere un alto compromiso de las
autoridades civiles, una voluntad de transparencia y reforma real de la Policía por
parte de sus propias autoridades, el desarrollo de investigaciones serias de tipo
criminológico y de seguimiento epidemiológico de todas las formas de violencia y
delito, la generación de mecanismos e indicadores que evalúen y hagan
seguimiento de la eficacia de la Justicia y la Policía, así como unos recursos
presupuestales serios y proporcionales a la gravedad de los problemas de Medellín.

Muchas de las medidas necesarias en el campo de la seguridad y la represión del
delito se olvidan ante la tentación simplemente formalista de perseguir el delito
agravando y endureciendo las penas, amenazando con la cárcel que no reciben los
asesinos a quienes se fuman un pucho de marihuana.

La experiencia de Medellín muestra la importancia y el impacto posible de una
política integral de convivencia, con elementos culturales y sociales como su eje.

Pero deja muy en claro que aún en este terreno el Estado debe ser más firme, y
que también debe tener una política hacia el crimen más integral y coherente de la
que ha existido hasta ahora. No es posible aplicar eficientemente la represión del
delito en una ciudad sin futuro; pero la construcción de una estrategia de futuro por
la sociedad no derrota tampoco la violencia, si no reconstruimos integralmente la
justicia.

Jorge Orlando Melo

 

Publicado en Consenso, Revista de Cultura Política, No 2, Bogotá, julio de 1994,
páginas 7-17

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