Martes, 04 Mayo 2021 09:14

Obispos españoles critican la supresión del Libro de Familia

La decisión del gobierno social-comunista de España de poner fin a la existencia del Libro de Familia ha provocado la reacción de Mons. Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, y de Mons. José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. 

A partir del 30 de abril, los registros civiles españoles dejarán de expedir en formato físico el Libro de Familia para dar paso a una nueva versión digital que será individual.

 

Los libros de familia expedidos hasta ahora no pierden su validez, se pueden seguir utilizando como hasta ahora, pero ya no se entregarán más en papel.

 

Delia Rodríguez, socia directora de Vestalia Abogados de Familia, asegura al diario Abc que aunque la vigente Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957 ha demostrado ser capaz de adaptarse a lo largo de décadas, no menos cierto es que el protagonismo de la tecnología en nuestro día a día evidencia la necesidad de una profunda transformación normativa adaptada a la realidad social y familiar. «La reforma cambiará de arriba abajo la concepción de nuestro registro actual, facilitando al ciudadano la consulta y acceso, desde cualquier lugar, de este tipo de información.

 

En este sentido —matiza—, la Ley suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones —nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales- y crea un registro individual para cada persona a la que desde la primera inscripción que se practique se le asigna un código personal».

 

Fin al libro como arma arrojadiza El cambio tiene otro efecto. Se evita que se convierta en objeto de controversia entre los cónyuges cuando surge una situación de separación y divorcio. «En contra de lo que a veces se piensa, el Libro de Familia no era necesario para acompañar una demanda de divorcio, pero sí que se usaba a veces como arma arrojadiza», señala Ignacio Bermúdez de Castro, abogado especializado en familia.

 

El problema radica en que se trata de un documento que normalmente se solicita para algunas gestiones, especialmente con menores de edad. El cónyuge que se quedaba con él podía negarse a darlo al otro, paralizando todos esos movimientos.

 

«Se llegaba a poner acciones judiciales para que una parte le diera a otra documentos como este, el pasaporte o el DNI», confirma el abogado.

 

 

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