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Martes, 11 Febrero 2014 11:00

Los intereses de grupo, disfrazados de derechos humanos

Cómo funcionan el activismo gay y pro-choice en la ONU

Por: Juan Meseguer

Los proyectos Estrela y Lunacek, votados recientemente en el Parlamento Europeo, y el
informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU con recomendaciones a la Santa Sede, reflejan la
batalla que se está librando en los principales organismos internacionales para lograr que cale la idea de
que el “matrimonio” homosexual y el aborto son derechos humanos.

Los proyectos Estrela y Lunacek, votados recientemente en el Parlamento Europeo, y el informe del Comité de Derechos
del Niño de la ONU con recomendaciones a la Santa Sede, reflejan la batalla que se está librando en los principales
organismos internacionales para lograr que cale la idea de que el “matrimonio” homosexual y el aborto son derechos
humanos.

Janne Haaland Matlary, catedrática de Política Internacional en la Universidad de Oslo, explica esta estrategia en
un capítulo del libro Debate sobre el concepto de familia (cfr. Aceprensa, 5-02-2014).

Fruto de sus vivencias personales en la ONU, primero como delegada de la Santa Sede en la Conferencia de Pekín (1995)
y después como exsecretaria de Estado noruega de Asuntos Exteriores (1997-2000), Matlary constata que hoy es posible
distinguir en la política mundial dos concepciones enfrentadas de los derechos humanos. De ellas se ocupó ampliamente
en su libro Derechos humanos depredados (cfr. Aceprensa, 18-02-2009).

Dos visiones de los derechos humanos

La visión iusnaturalista, que es sobre la que se fundamenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, apela a la
razón y a la naturaleza humana para descubrir una serie de derechos que son intrínsecos a toda persona e inalienables en
cualquier tiempo y lugar; es decir, “no son fruto de decisiones políticas, sino derechos que derivan de nuestra dignidad
humana”, explica Matlary.

En cambio, la visión constructivista niega que exista una naturaleza humana y defiende una interpretación evolutiva de la
Declaración Universal: dado que no hay ningún criterio objetivo, los derechos humanos no son otra cosa que lo que es
considerado legítimo en cada momento por los parlamentos y los tribunales.

Sobre la interpretación de los derechos humanos, Matlary aclara que esta “debe buscar su punto de apoyo en la
Declaración y en la antropología que subyace a ella”. Si se admite que los derechos humanos están sujetos a
interpretaciones evolutivas tan amplias que permiten fabricar “nuevos derechos” o cambiar los existentes, ¿cómo pueden
Europa y los Estados Unidos oponerse a “que los ‘Estados gamberros’ interpreten los derechos humanos como quieran?”

La visión constructivista ha permitido a los movimientos gay y pro-choice promover sus intereses particulares como si
fueran derechos humanos: “El aborto como un ‘derecho de la mujer’, y el derecho a formar una familia como un derecho
individual, independiente del sexo”. El motivo está claro: “Una vez que un asunto ha sido definido en términos de derechos
humanos, adquiere una legitimidad especial que resulta muy difícil contrarrestar”.

La importancia del “soft law”

Un agente clave para lograr el reconocimiento de “nuevos derechos” son las ONG que promueven una determinada causa,
auténticas “redes transnacionales de agitación”. Dice Matlary que a menudo participan en las conferencias internacionales
de forma más activa y beligerante que los propios Estados.

El objetivo principal de las ONG de este tipo en esas conferencias es promover la creación de un “Derecho blando” o soft
law –documentos internacionales no vinculantes– favorable a su causa. Lo importante “es disponer de algún documento de
Naciones Unidas que pueda ser invocado, pues los documentos de la ONU gozan de una especie de ‘legitimidad
automática’ en muchas partes del mundo”.

Fuera de la ONU también es posible crear “Derecho blando”. Dos ejemplos recientes los tenemos en los proyectos Estrella
y Lunacek, votados en el Parlamento Europeo en enero y febrero, respectivamente. El primero pretendía garantizar en la
UE el derecho de las mujeres a un aborto legal, pero fue rechazado por una propuesta alternativa que reafirmó la
competencia de los Estados miembros en lo relativo a la regulación del aborto (cfr. Aceprensa, 12-12-2013).

El segundo, que sí salió adelante, se ha presentado como una iniciativa para combatir la homofobia y la discriminación por
orientación sexual. Pero también pretende establecer un plan de acción para impulsar la agenda LGTB (cfr. Aceprensa, 2-01-2014).

Los derechos como herramientas de poder

Aunque el proyecto Lunacek aclara que esa “política global debe respetar las competencias de los Estados miembros”, en
la práctica constituye un instrumento de “Derecho blando” para exigir el reconocimiento en pie de igualdad de todas las
formas de familia.

En efecto, las disposiciones anti-discriminación del proyecto pueden llevar a defender que los “derechos
familiares” de las personas del mismo sexo –incluidos el “derecho” al matrimonio y a la adopción– es un trato desigual injustificado.

Llevada al extremo, la necesidad de combatir esa desigualdad puede conducir también a anteponer un supuesto nuevo
“derecho a no sentirse ofendido o discriminado” a derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de
expresión, la libertad de asociación, el derecho a la objeción de conciencia o el derecho de los padres a educar a sus hijos
de acuerdo con sus convicciones (cfr. Aceprensa, 1-04-2013).

De ahí que Sophia Kuby, directora del European Dignity Watch, afirme que el proyecto Lunacek supone una peligrosa
erosión del concepto de derecho humano universal frente al de los derechos especiales de grupo.

Otro intento reciente de crear “Derecho blando” son las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU a la Santa Sede, publicadas el 5 de febrero.

Aunque en teoría tenían como finalidad valorar las medidas que está adoptando la
Santa Sede para prevenir los abusos sexuales a menores, el Comité aprovechó para exigir a la Iglesia “que revise su
postura sobre el aborto” y que garantice el reconocimiento de “las diversas formas de familia” en el Derecho Canónico,
entre otras cuestiones discutibles (cfr. Aceprensa, 6-02-2014).

Sobre la inesperada inclusión de estos temas en el informe del Comité, Stefano Gennarini, director de estudios jurídicos del
Catholic Family and Human Rights Institute (C-FAM) en Estados Unidos, explica a la agencia Zenit la presión que ejercen
los grupos abortistas y homosexuales en los comités de la ONU para cambiar la interpretación de “los tratados que
supervisan de forma tan vaga y amplia que se puede leer lo que uno quiera en ellos”.

“Los países de las Naciones Unidas se han quejado en repetidas ocasiones de la falta de transparencia en la forma en que
los comités de seguimiento interactúan con las ONG. A menudo, la información proporcionada por los países se ignora y
los comités dependen casi por completo de la información de estos grupos”, añade Gennarini.

Legitimación en cascada

Cuando se logra un nuevo texto de “Derecho blando” que reformula un asunto en términos de derechos humanos, el
siguiente paso consiste en legitimar esa línea de actuación en los distintos Estados miembros.

El objetivo es convertir en “Derecho duro” –que ya impone obligaciones jurídicas exigibles– lo que ni siquiera en los foros

internacionales goza de un consenso normativo.

Aquí el papel de las redes de agitación vuelve a ser clave. Las ONG activan entonces un proceso de “legitimación en
cascada”: la norma que ha recibido cierto respaldo en algún texto internacional “debe ser conocida y debatida en todas
partes.

Así se supera la resistencia que la norma pueda ocasionar, familiarizándose con ella, y se termina pensando al

cabo de algún tiempo que la norma es justa, progresista y natural”, dice Matlary.

Para crear este ambiente de normalización, las ONG se apoyan en “comunidades epistémicas”: grupos de expertos que
presentan como “evidencia científica” ciertos puntos de vista discutidos.

También es importante la publicación periódica de
encuestas, que contribuyan a crear la sensación de acuerdo en torno a unos “avances indiscutibles”.

Las ONG apelan

entonces a una legitimidad que “emerge desde abajo” cuando en realidad todo el proceso ha sido gestado por unas elites.

Y concluye Matlary: “Los políticos tomarán entonces el relevo, basándose en el ‘respeto a la opinión pública’ (¡o el temor a
la misma!). La campaña habrá alcanzado completo éxito cuando la nueva norma esté ya totalmente incorporada a la
legislación y la práctica nacionales”.

Dado que la estrategia descrita comenzó en el terreno de la argumentación política, Matlary propone algunas ideas para
contrarrestarla: recuperar la visión iusnaturalista de los derechos humanos y mostrar las contradicciones lógicas que
encierra la visión constructivista; hacer reflexionar sobre la pregunta “por qué la familia es relevante para la política y para
la sociedad”; e insistir en la idea de que los derechos y necesidades de los niños están por encima de los deseos de los
adultos.

 

http://www.aceprensa.com/  10-02-2014

http://www.aragonliberal.es/noticias/noticiap.asp?notid=75827 1/2