Miércoles, 29 Abril 2015 20:39

Devaluando aún más el matrimonio: vía libre a las bodas y divorcios ante notarios y secretarios judiciales

 
 
Con 23 votos del PP, 15 en contra y las abstenciones de CiU y PNV, la Comisión de Justicia del Congreso aprueba el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, que eleva la edad mínima para casarse de 14 a 16 años. Una reforma que se suma al 'divorcio exprés' y el 'matrimonio' gay

Un año y medio después, el Congreso ha dado luz verde a ese proyecto de ley y además ha ampliado esas atribuciones a los secretarios judiciales, de forma gratuita, con lo que, de aprobarse definitivamente el texto, serán competentes para celebrar el matrimonio el alcalde del municipio o concejal en quien éste delegue, el notario, el secretario judicial, el encargado del Registro Civil, y el funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil en el extranjero.

El texto presentado ha sido aprobado este martes, 28 de abril, con 23 votos a favor, todos del PP, 15 en contra y 2 abstenciones (CiU y PNV). La Comisión de Justicia aprobó así el proyecto de ley, con competencia legislativa plena, que incorpora un centenar de las 451 enmiendas al articulado, la mayoría de ellas de los populares, y que ahora pasa al Senado.

 

"Banalización del matrimonio"

 

La diputada del PP Beatriz Escudero ha asegurado que la nueva norma es "puro procedimiento que nace para dar respuesta a los problemas de las personas".

"Racionaliza el sistema,conecta con la realidad social", ha precisado y ha agregado que busca un procedimiento garantista, desjudicializado en algunos ámbitos y con redistribución de competencias, y alternatividad con carácter preferente.

Sin embargo, con esta reforma, el matrimonio tradicional queda aún más devaluado, tras sumarse al 'divorcio exprés' y el 'matrimonio' homosexual, leyes aprobadas en 2005, consiguiendo así una "banalización y desconfiguración del matrimonio" aún mayor, como denunciaba en noviembre de 2013 Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia.

El texto aprobado abre las puertas a que los notarios puedan, previo pago de una cantidad, casar o divorciar, en este último caso la condición de que sean de mutuo acuerdo y sin que haya ni menores a cargo ni personas con discapacidad en el proceso.

 

Casarse, a partir de los 16 años

 

Al mismo tiempo, a partir de ahora, la edad mínima para contraer matrimonio serán los 16 años, la misma que la de consentimiento sexual, de forma que se elimina la posibilidad de que un joven pueda emanciparse a los 14 por casarse, como ocurría hasta ahora.

En líneas generales, la norma trata de liberar a los jueces de tareas que no son estrictamente jurisdiccionales en las que no haya litigio entre partes, con el fin de descongestionar la Administración de Justicia, para que determinados asuntos sean resueltos por otros operadores como notarios, registradores y secretarios judiciales.

Así, por ejemplo, un ciudadano podrá optar por casarse de forma gratuita ante un secretario judicial o acudir a un notario mediante pago, en caso de que prefiera ganar tiempo en la tramitación de su expediente de matrimonio.

Entre otras novedades, la nueva ley permitirá celebrar a los jueces de paz actos de conciliación cuando la cantidad no supere los 6.000 euros, y establece la necesidad de que abogados y procuradores estén presentes en aquellos asuntos en que exista controversia entre las partes.

 

Reconocimiento civil de ritos religiosos

 

Además, la ley introduce el reconocimiento de efectos civiles de los matrimonios celebrados por los ritos budista, mormón, ortodoxo y de los testigos de Jehová, que se unen así a la católica, musulmana y judía.

La Jurisdicción Voluntaria será de aplicación en algunas materias del orden civil y mercantil, ya que el juez resolverá los expedientes en materia de personas y familia, como los derechos de menores o las donaciones de órganos, al tiempo que se ocupará también a varios asuntos en materia mercantil y de derecho sucesorio.

 

Ley "privatizadora", para el PSOE

 

En el debate parlamentario, todos los grupos han defendido la necesidad de regular la jurisdicción voluntaria en el ordenamiento jurídico, si bien la oposición ha denunciado la "excesiva" atribución de funciones a registradores y notarios, así como las "numerosas autoenmiendas" del PP que han creado un "texto nuevo".

El representante del PSOE Gabriel Echávarri ha denunciado que el texto supone un "fraude de ley", ya que los populares han enmendado la mayoría de su propio articulado, al tiempo que ha señalado que la reforma "privatiza" la Jurisdicción Voluntaria, haciendo que cuestiones que antes se ventilaban en los juzgados pasen ahora a otros operadores jurídicos "bajo pago", para "beneficiar a notarios y registradores".

Más crítico ha sido que Gaspar Llamazares (Izquierda Plural), que ha señalado que la norma responde a "una opción política concreta y no al interés general" y ha advertido de que "no debería llevarse a cabo sin la redefinición de notarios y registradores como funcionarios públicos".

 

 

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